Mario Alberto Reyes Cantú exige “aplicar la ley” contra quienes bloqueen carreteras, pero omite el reconocimiento de una crisis estructural que se prolonga desde hace tres décadas.
Su llamado a la memoria histórica olvida que el campo mexicano no solo fue víctima de un modelo neoliberal, sino también de la cooptación política de sus propios liderazgos.
La Central Campesina Cardenista, heredera de luchas agrarias legítimas, corre el riesgo de convertirse en lo que alguna vez combatió: un actor político subordinado al poder en turno, más preocupado por desmentir bloqueos que por rescatar la soberanía alimentaria que dice defender.
El coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCC), Mario Alberto Reyes Cantú, asegura que detrás de las recientes protestas de productores agrícolas no hay auténtico descontento campesino, sino “un revival de intereses corporativos y grandes agroempresarios” que, dice, “quieren seguir mamando del gobierno”.
Su declaración, más que una defensa del modelo agroalimentario de la Cuarta Transformación, pone sobre la mesa un debate mayor: ¿de quién es hoy la voz del campo mexicano y a quién beneficia la narrativa del agrarismo oficialista?
Del artículo 27 al maíz de Chicago
Reyes Cantú reconstruye un hilo histórico que arranca el 6 de enero de 1992, cuando la reforma al artículo 27 constitucional eliminó el carácter inalienable de la tierra ejidal y abrió la puerta a su privatización.
A partir de ahí —recuerda— se desmanteló todo el andamiaje institucional que había sostenido al agro posrevolucionario: Banrural, Aseguradora Agrícola y Ganadera, la Productora Nacional de Semillas, CONASUPO y los precios de garantía.
Dos años más tarde, el TLCAN terminó por subordinar los precios de los granos mexicanos a la Bolsa de Chicago. “Fue el PRIAN el que destruyó la agricultura nacional”, insiste Reyes Cantú, deslindando a la 4T de cualquier responsabilidad en la crisis actual.
En su discurso, el dirigente cardenista minimiza los bloqueos carreteros y acusa a medios como Reforma y El Universal de “fabricar caldo” con fotos de archivo. “No hay bloqueos”, afirma, mientras responsabiliza a “los grandes agricultores, terratenientes de Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas” de promover las manifestaciones, al perder los subsidios que antes controlaban.
Para Reyes Cantú, el conflicto no está en el abandono del campo ni en la caída de rentabilidad agrícola, sino en el desplazamiento de poder político dentro del agro:
“Los pequeños y medianos productores están contentos; los inconformes son los que se robaban todo en la CNC y la Antorcha Campesina”.
La afirmación revela una visión maniquea del campo mexicano, donde el pasado corporativo es la causa de todos los males y la 4T encarna la redención productiva
Pese a su defensa del gobierno, Reyes Cantú reconoce que el crédito agrícola sigue concentrado en manos de los grandes productores a través de FIRA, fideicomiso del Banco de México.
El propio líder campesino admite que la falta de financiamiento asfixia a los pequeños productores, aunque confía en que se “alineen los lineamientos hacia los más pobres”.
El problema, sin embargo, no es de alineación discursiva, sino estructural: sin crédito, sin infraestructura y con precios internacionales controlados fuera del país, la autosuficiencia alimentaria sigue siendo una promesa política más que una estrategia productiva.
Al final, Reyes Cantú retoma su bandera cardenista y propone lo que hace treinta años resultó impensable: renegociar o incluso retirar el capítulo agropecuario del T-MEC.
Una postura más simbólica que práctica, pues el propio líder reconoce la imposibilidad de alterar un tratado comercial con raíces profundas y asimetrías evidentes frente a Estados Unidos.
Su discurso se sostiene sobre una doble paradoja: defiende al gobierno que heredó las reglas del libre comercio, mientras ataca a los empresarios que viven de ellas.