La renuncia de Jesús Lavín Verástegui, anunciada este 31 de octubre, vuelve a encender las alertas sobre la estabilidad interna del gabinete de Américo Villarreal Anaya, que ya había perdido en enero pasado a Adriana Lozano Rodríguez, su primera secretaria de Finanzas.
De nuevo, el argumento oficial es el mismo: “motivos personales”. Pero tras esa frase se oculta una realidad más profunda: la inestabilidad en el manejo financiero de la administración estatal, justo cuando se prepara el Paquete Económico 2026 y se requiere certidumbre técnica y política.
La Secretaría de Finanzas es el corazón operativo de cualquier gobierno. Su conducción define la relación con la Federación, el ritmo de obra pública, el gasto social y la disciplina fiscal. Que en apenas diez meses haya dos renuncias consecutivas en esa oficina no es un hecho menor: revela fracturas internas, tensiones de control político y posibles desacuerdos en la gestión presupuestal.
Lavín Verástegui llegó a la Sefin con perfil técnico, bajo la promesa de estabilizar los procesos tras la abrupta salida de Lozano Rodríguez. Sin embargo, su paso fue breve. Los ajustes en el gasto, los retrasos en pagos a proveedores y las presiones desde el centro del poder estatal parecen haber marcado el rumbo de su salida.
El relevo inmediato —Carlos Irán Ramírez González, funcionario de carrera— busca mandar una señal de continuidad, pero el daño político está hecho: el área que debería representar estabilidad financiera se ha convertido en símbolo de rotación y desgaste dentro del primer círculo del gobernador.
Más allá de los nombres, el mensaje es claro: algo no está funcionando al interior del equipo económico de Américo Villarreal.
Si la transformación prometida se basa en la eficiencia y la transparencia, los cambios constantes en Finanzas minan la credibilidad de esa narrativa y generan incertidumbre entre inversionistas, alcaldías y sociedad civil.
A menos de tres años del cierre de su mandato, el gobernador enfrenta el desafío de recuperar confianza. Porque si la economía política de su administración sigue marcada por la improvisación y el relevo permanente, el costo ya no será solo administrativo: será de credibilidad.