El plazo venció y el agua no llegó. México cerró el ciclo quinquenal del Tratado de Aguas de 1944 con apenas 52 % del volumen entregado a Estados Unidos —poco más de 1 100 millones de metros cúbicos de los 2 158 millones comprometidos—, confirmó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos.
El plazo venció el 24 de octubre, y aunque el gobierno mexicano puede argumentar una situación de “extraordinaria sequía” para extender el cumplimiento otros cinco años, la realidad apunta a una crisis estructural y diplomática que se agrava.
“México siempre tendrá la opción, si logra acreditar una sequía extraordinaria, de que no se pudo cumplir con el Tratado”, dijo Quiroga. Pero esa ruta, más que solución, parece un respiro temporal frente a un problema que lleva años acumulándose: la falta de agua en las presas internacionales, el agotamiento de los ríos afluentes del Bravo y una sequía que afecta tanto a los distritos de riego del norte como a las ciudades fronterizas.
El funcionario reconoció que no se podrá cumplir con el ciclo agrícola de los distritos de riego 025 y 026 ni con el 050 Acuña–Falcón, aunque aseguró que el consumo urbano en la frontera estará “garantizado”.
Sin embargo, el incumplimiento abre un frente más delicado: la presión del gobierno de Estados Unidos, donde productores agrícolas y legisladores de Texas han exigido sanciones y compensaciones por el déficit hídrico. En el contexto del retorno de Donald Trump al escenario político, los temas de migración, comercio y agua se entrelazan en una narrativa de fuerza y castigo hacia México.
El Tratado de 1944, firmado para garantizar un reparto equitativo de las aguas del Río Bravo, obliga a México a entregar un promedio de 350 000 acre-pies por año (unos 432 millones de metros cúbicos). Pero los periodos de incumplimiento se han vuelto recurrentes, lo que debilita la posición mexicana frente a Washington y erosiona su credibilidad internacional.
En medio de esta tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de cumplir con el Tratado “ciñéndose estrictamente a lo establecido”, y de coordinar con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los trasvases necesarios. Pero la decisión no será técnica, sino política: cumplir implica sacrificar agua agrícola en el norte, mientras no hacerlo podría detonar represalias económicas o diplomáticas en un entorno de creciente hostilidad.
Y es lo que está en juego no es solo un saldo de agua, sino un modelo agotado. Las presas binacionales, como La Amistad y Falcón, registran niveles históricos a la baja, mientras las lluvias en la cuenca del Bravo se han desplomado.
Pero también hay responsabilidades internas: falta de inversión en infraestructura hidráulica, manejo ineficiente y ausencia de una política integral que articule a los estados fronterizos.
México puede ganar tiempo alegando fuerza mayor, pero el fondo del conflicto sigue siendo el mismo: un país con compromisos internacionales que ya no puede cumplir y una frontera norte que se seca más rápido de lo que se negocia.
Frente al endurecimiento del discurso estadounidense y el simbolismo político que Trump imprime a cada diferendo con México, el agua puede convertirse en la nueva moneda de presión. Y mientras los diplomáticos buscan fórmulas y los técnicos hablan de balances, el verdadero déficit sigue corriendo: el del tiempo.