México y Estados Unidos comparten más que una frontera: comparten el miedo, la impunidad y la indiferencia de sus gobiernos hacia la vida humana.
De un lado, millones de mexicanos viven con miedo. Según las más recientes cifras del INEGI, más del 60% de la población considera inseguro vivir en su propia comunidad. Es un país donde salir a la calle se ha convertido en una apuesta contra la violencia y el crimen organizado. Y mientras la gente se encierra antes del anochecer, el poder se encierra en discursos.
No hace falta que Donald Trump lo diga —aunque lo haya dicho con su habitual tono de desprecio—: México vive bajo el control del crimen organizado. La diferencia es que él lo usa como argumento político, mientras millones lo viven como tragedia cotidiana.
Pero cruzar la frontera no es garantía de justicia. En el país que presume ser “la tierra de la libertad”, los derechos humanos se violan con uniforme y sello institucional. Las detenciones arbitrarias de migrantes, los abusos cometidos por agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza, y las muertes en los centros de detención son heridas que desnudan la hipocresía del sistema estadounidense.
El reciente caso de los diez mexicanos que murieron bajo custodia en instalaciones migratorias no solo es un hecho trágico: es un crimen de Estado que debería indignar a ambos pueblos. La administración de Claudia Sheinbaum ha protestado formalmente, pero las notas diplomáticas no devuelven la vida, ni garantizan justicia.
Entre un México gobernado por el miedo y un Estados Unidos gobernado por la represión, los ciudadanos quedan atrapados entre dos fuegos: la violencia del crimen y la violencia institucional. En ambos países, los derechos humanos se negocian, se justifican o se olvidan.
Porque cuando el poder —sea cual sea su bandera— normaliza el abuso, deja de gobernar: simplemente administra el dolor.