Ciudad Victoria, Tam.— Las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Humberto Prieto Herrera, han generado polémica, luego de afirmar que “desconoce” las acciones del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manrique quien ha llamado a la población a bloquear las vías ferroviarias como medida de presión contra la empresa Ferromex, a la que exige limpieza y remediación ambiental en zonas urbanas afectadas por el paso del tren.
La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece que las vías son de jurisdicción federal y su obstaculización constituye una falta grave, con sanciones penales y administrativas. Sin embargo, el silencio o desconocimiento expresado por Prieto Herrera contrasta con el discurso oficial de Morena, que promueve la coordinación institucional y la atención de conflictos sociales sin recurrir a acciones de presión o desobediencia civil.
Fuentes del Congreso confirmaron que, hasta el momento, no existe pronunciamiento formal de la Junta de Coordinación Política respecto al llamado del alcalde altamirense. Mientras tanto, sectores empresariales y ciudadanos advierten que la falta de posicionamiento de los poderes estatales ante este tipo de tensiones debilita la autoridad institucional y deja en manos de la presión social la resolución de conflictos ambientales y urbanos.
El caso de Altamira evidencia —según voces legislativas y especialistas en derecho público— una desconexión entre los liderazgos políticos de Morena, donde los actores locales actúan con autonomía mediática mientras el Congreso opta por el silencio o la omisión ante posibles actos de ilegalidad.