El amago lanzado por el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, contra las empresas ferroviarias —a las que advirtió “les vamos a parar el tren”— no puede tomarse a la ligera. En un país donde el respeto al Estado de Derecho debería ser el principio rector de toda autoridad, declaraciones como ésta representan un preocupante retroceso institucional.
El reclamo del edil sobre la falta de limpieza en zonas aledañas a las vías puede tener fundamento, pero la forma en que se expresó revela una preocupante tendencia a confundir el poder político con la fuerza personal. El uso de la amenaza pública como herramienta de gestión no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que puede interpretarse como un llamado a cometer un delito federal, al pretender obstruir operaciones ferroviarias.
Altamira no necesita arengas, necesita soluciones dentro del marco legal. Existen mecanismos jurídicos, convenios y procedimientos administrativos que el Ayuntamiento puede ejercer para exigir a las empresas su responsabilidad ambiental o urbana. Sin embargo, incitar desde la tribuna municipal a acciones ilegales es una línea que no debería cruzarse.
Los diputados locales del sur del estado —cuyo deber es velar por el cumplimiento de la ley— tienen la obligación de pronunciarse. Guardar silencio ante la posible transgresión del orden jurídico sería tanto como convalidar la conducta del alcalde.
No es la primera vez que Martínez Manríquez tensiona los límites de la legalidad con sus declaraciones. En mayo de 2024, en la comunidad de Esteros, condicionó obras públicas al número de votos obtenidos, lo que fue denunciado como un presunto delito electoral. En aquel entonces, dijo: “amor con amor se paga, los ejidos que más votos le metan serán los que tengan más obras”.
Más allá de su popularidad, el alcalde ha convertido su discurso en una mezcla de fervor político y misticismo, asegurando que el servicio público “es algo que nos llega del cielo”. Esa visión puede resultar simbólica, pero en los hechos se traduce en una peligrosa autojustificación de la autoridad por inspiración divina y no por mandato ciudadano.
El riesgo de este tipo de expresiones es claro: se mina la credibilidad institucional y se envía un mensaje equivocado a inversionistas y ciudadanos sobre el clima de certidumbre jurídica en Tamaulipas.
La ley no se negocia ni se interpreta según el ánimo de un gobernante. Si Altamira quiere seguir proyectándose como un municipio de desarrollo e inversión, su autoridad debe recordar que el poder público no se ejerce con amenazas, sino con legalidad.