El gobernador Greg Abbott de Texas ha dado un paso más en su controvertida operación “Lone Star”, colocando boyas esféricas de casi un metro de diámetro con púas en el río Bravo, en un intento de impedir el cruce de migrantes indocumentados desde México.
La medida, que forma parte de un esquema que incluye el traslado masivo de personas a ciudades “santuario” de otros estados, ha generado preocupación internacional por los riesgos que implica. Organizaciones de defensa de migrantes advierten que estas barreras podrían provocar muertes por ahogamiento, mientras expertos legales recuerdan que Texas no tiene autoridad para construir barreras fronterizas, función que corresponde exclusivamente al gobierno federal.
El politólogo Stephen Mumme, de la Universidad Estatal de Colorado, advierte además que la instalación podría violar tratados internacionales entre Estados Unidos y México, poniendo en cuestión la legalidad y la legitimidad de la acción estatal.
Este episodio evidencia un uso coercitivo de la frontera que privilegia la contención sobre la seguridad de las personas, mientras se ignoran las normas internacionales y los riesgos humanitarios. El río Bravo, que cubre la mitad este de los más de 3,000 km de frontera, se convierte así en un escenario donde la política migratoria extrema choca con los derechos humanos básicos.