La reciente confirmación de que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas (FECC) estableció un convenio de colaboración con el FBI para intercambiar información en casos específicos no es un simple trámite diplomático. Es, en los hechos, la admisión de que la justicia local y nacional carece de capacidad para alcanzar a los llamados “objetivos” cuando estos cruzan la frontera.
El fiscal Eduardo Govea Orozco lo dijo con prudencia: no se trata de funcionarios o exfuncionarios, sino de objetivos de investigación. El eufemismo, sin embargo, encierra una realidad conocida: buena parte de los personajes investigados por corrupción o enriquecimiento ilícito en Tamaulipas encuentran en Estados Unidos un refugio seguro.
El caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca es el más emblemático. Perseguido judicialmente en México, blindado políticamente por el panismo y con residencia cómoda en Texas, ha logrado convertir la frontera en una muralla contra la justicia mexicana. Y no es el único. Empresarios ligados a licitaciones turbias, operadores financieros de campañas y ex servidores públicos han replicado la estrategia del exilio al norte.
Por ello, el acuerdo con el FBI es menos un gesto de cooperación y más un reconocimiento de impotencia. La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas requiere del aval y los oficios de las agencias norteamericanas para rastrear, investigar y, eventualmente, detener a connacionales que evaden procesos judiciales desde suelo estadounidense.
El mensaje político es demoledor: la justicia mexicana no basta por sí sola. Necesita de Washington para validar sus pesquisas y ejecutar sus mandamientos. En otras palabras, Tamaulipas reconoce que sus principales objetivos no están en Victoria ni en Reynosa, sino en McAllen, Houston o San Antonio.
La pregunta incómoda es si este puente de colaboración con el FBI se usará efectivamente contra figuras de peso político —como Cabeza de Vaca— o si terminará diluyéndose en “casos específicos” de menor impacto. De momento, el discurso oficial evita nombres propios, pero todos saben que los apellidos que pesan en el exilio texano son los que ponen a prueba este acuerdo.
En un estado acostumbrado a que los perseguidos políticos encuentren guarida en la otra orilla del río Bravo, el convenio con el FBI es un paso inédito. Pero también una confesión: en Tamaulipas, la justicia sigue dependiendo de otros para alcanzar a los suyos.