La reciente retención del diputado federal Mario López Hernández, conocido como “La Borrega”, por autoridades estadounidenses, es mucho más que un episodio aislado: es un recordatorio de cómo la frontera se convierte en un espacio de poder, control y memoria administrativa.
López Hernández relató cómo fue sometido a un procedimiento que se prolongó por horas, sin detención física ni violencia, pero bajo un protocolo que pone en evidencia la rigidez y la coordinación interagencial de Estados Unidos. Todo se originó por un reporte del 2020, vinculado a un intento de extorsión que, aunque resuelto a su favor, permaneció “vivo” en los sistemas de Washington. Este hecho demuestra que la memoria de los sistemas de seguridad estadounidenses no olvida, y que cualquier cruce previo puede traducirse en horas de retención, revisiones y juramentos administrativos.
Desde un enfoque crítico, este episodio plantea varias preguntas incómodas: ¿qué garantías tienen los ciudadanos, incluso los legisladores, frente a procedimientos que pueden prolongarse arbitrariamente? ¿Qué responsabilidad recae sobre agencias mexicanas para proteger a sus representantes en el exterior? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto las fronteras y sus protocolos se convierten en un instrumento de presión política y diplomática?
El relato del diputado también es un recordatorio de la dimensión política de la frontera. No hubo violencia, no hubo celdas, pero sí hubo horas de control, revisión de antecedentes y un constante intercambio de información entre agencias. La imagen de un legislador “retenido” por cuestiones administrativas, aunque no criminales, impacta políticamente y abre la puerta a interpretaciones sobre vulnerabilidad y exposición de los actores públicos mexicanos frente a la política estadounidense.
Finalmente, la experiencia de López Hernández evidencia que la frontera no es solo un espacio geográfico, sino un campo de reglas, protocolos y memorias institucionales, donde los errores o conflictos pasados pueden reaparecer años después, y donde la protección del Estado mexicano parece a veces insuficiente frente a la maquinaria de control del vecino del norte.