En Matamoros, la aplicación de la ley corre el riesgo de convertirse en un instrumento de hostigamiento. Así lo denunció el diputado Gerardo Peña Flores, quien exigió al Ayuntamiento poner un alto a las prácticas de Protección Civil que, lejos de orientar, intimidan a los comerciantes con clausuras inmediatas.
La denuncia no es menor. Los propios empresarios han documentado en videos como funcionarios municipales irrumpieron en negocios con el objetivo de cerrarlos sin dar plazos razonables para corregir irregularidades. Se trata de un golpe directo a la economía local, a la inversión y a la generación de empleos.
Peña Flores fue claro: nadie pide que se deje de aplicar la norma, pero sí que se abandone la lógica del castigo. La función pública debe estar para acompañar, asesorar y prevenir riesgos, no para convertirse en verdugo de quienes sostienen la vida económica de la ciudad.
» Los comercios deben cumplir la ley, pero jamás ser acosados. El Ayuntamiento de Matamoros debe señalar medidas, dar plazos y sancionar conforme a la norma, no hostigar : Lo que vemos en videos es inaceptable» dijo el legislador panista.
El problema de fondo no es la ley, sino la manera en que se ejecuta. La ausencia de criterios claros abre la puerta al abuso, a la discrecionalidad y —como siempre— a la sospecha de intereses extraoficiales. ¿Se trata de recaudar a costa de los negocios? ¿O de una estrategia para someter a los comerciantes con la amenaza permanente del cierre?
Mientras no se corrija este modelo, el mensaje es devastador: invertir en Matamoros puede significar ser víctima del acoso oficial. Y eso, en tiempos de crisis económica, es una irresponsabilidad que ninguna autoridad debería permitir.