En San Fernando, la violencia y la precariedad del campo siguen siendo una amenaza latente, advirtió la diputada Marina Ramírez Andrade. Los recientes episodios de minas terrestres “sembradas” por delincuentes en brechas rurales no solo han provocado la suspensión de clases por temor de los docentes, sino que han dejado personas heridas, mostrando la gravedad de la inseguridad que afecta tanto a zonas urbanas como rurales.
Ramírez Andrade subrayó que la presencia insuficiente de autoridades y la falta de operativos efectivos permiten que la violencia crezca al margen de la ley. La advertencia es clara: sin acciones contundentes, la situación podría salirse nuevamente de control, afectando la vida cotidiana y la estabilidad de la región.
En paralelo, el campo tamaulipeco enfrenta una crisis estructural. Los bajos precios del sorgo mantienen a los productores en la incertidumbre, sin políticas públicas que garanticen un precio justo ni mecanismos de apoyo reales. Las propuestas de sustituir el sorgo por trigo en la zona norte ignoran décadas de experiencia agrícola y podrían desestabilizar la cadena alimentaria: la producción de carne, pollo y huevo depende directamente del sorgo local.
La diputada reiteró su compromiso de defender los intereses de los agricultores desde tribuna, alertando sobre la necesidad de políticas públicas sólidas que protejan tanto al productor como a la población consumidora.
Por otro lado, Ramírez Andrade reconoció la aprobación de reformas contra la extorsión, delito que sigue afectando a ciudadanos y empresarios. Sin embargo, la duda persiste sobre la efectividad real de estas medidas, mientras la inseguridad continúa creciendo en el territorio.
San Fernando se encuentra, entonces, en una encrucijada: un campo golpeado por la crisis económica y una región vulnerable a la violencia, que requiere acciones inmediatas y efectivas para evitar que la inestabilidad se profundice.