En Reynosa, los conductores de Didi se levantaron para exigir condiciones laborales dignas, y su amenaza de suspender el servicio revela un conflicto de fondo: mientras la demanda del servicio crece y la empresa registra ganancias, los trabajadores reciben apenas una mínima remuneración y carecen de acceso a prestaciones básicas como la seguridad social.
La diputada Magaly Deandar Robinson señaló que estas demandas son legítimas y que la ganancia debería repartirse de manera equitativa. “La agenda que tenemos es que primero los pobres y la gente que trabaja”, enfatizó, reconociendo que Didi no garantiza derechos básicos ni paga el impuesto estatal del 2.5%, actualmente bajo amparo legal.
El caso expone un problema estructural del modelo de plataformas digitales: la precarización laboral se presenta como norma, mientras las corporaciones acumulan utilidades. La falta de seguridad social, el pago desigual y la ausencia de diálogo efectivo con la empresa evidencian que los trabajadores siguen siendo el eslabón más débil en un esquema de negocio que prioriza ganancias sobre derechos.
Aunque la suspensión del servicio podría afectar la movilidad en Reynosa, la protesta refleja la urgencia de atender estas demandas: no se trata de un capricho, sino de la búsqueda de condiciones mínimas de justicia laboral en un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años.