A diez dias de que un menor de edad perdiera la vida en un enfrentamiento entre policias ministeriales en la carretera Reynosa- San Fernando en el Estado de Tamaulipas la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) reconoció que aún no hay responsables detenidos por la muerte de víctima del fuego cruzado donde también resultó herida su madre.
En declaraciones recientes, el fiscal explicó que los disparos provinieron de tres armas asignadas a elementos de la propia institución, aunque insistió en que la investigación no ha concluido y que se están recabando pruebas balísticas y genéticas.
“Hay que determinar una responsabilidad y, si efectivamente hay servidores públicos involucrados, eso se tiene que atender con las acciones correspondientes en términos de la ley”, señaló. Sin embargo, el propio fiscal admitió que los procesos podrían tardar hasta ocho meses más, lo que prolonga la incertidumbre para la familia de la víctima.
El caso se mantiene en investigación administrativa y penal, sin avances claros ni sanciones inmediatas, a pesar de que la Fiscalía asegura haber asegurado armas y recabado casquillos. Mientras tanto, los agentes involucrados continúan libres.
La tragedia expone una vez más la fragilidad de los protocolos policiales en Tamaulipas y la ausencia de mecanismos efectivos para deslindar responsabilidades rápidas cuando hay víctimas civiles.
El compromiso oficial de que “el hecho no quedará impune” contrasta con la lenta burocracia y el silencio institucional, que dejan a la familia del menor atrapada en la espera y a la sociedad tamaulipeca frente a otra historia de impunidad.