A menos de 20 días del relevo en las magistraturas del Poder Judicial de Tamaulipas, la Novena Sala Unitaria Civil-Familiar del Supremo Tribunal de Justicia deja un saldo preocupante: unos 20 asuntos pendientes de resolución, según reconoció su titular, Omeheira López Reyna.
Se trata de casos sensibles que involucran pensiones alimenticias, visitas y derechos de niñas, niños y adolescentes. La magistrada admitió que los asuntos familiares no se resuelven de manera rápida porque “son muy controversiales” y requieren análisis profundo, pero la cifra refleja un patrón de lentitud que afecta directamente a las familias.
“Tenemos un promedio ahorita de 20 asuntos que estamos por resolver y vamos a tratar de irlos sacando lo más posible a finales, dependiendo porque cada semana se nos turnan de 10 a 15 asuntos”, señaló López Reyna, dejando entrever que el rezago no es excepcional, sino parte de un sistema que continúa acumulando conflictos sin solución oportuna.
Los casos más recurrentes que llegan a la Sala revisora son pension alimenticia, mientras que los temas de violencia vicaria, aunque sancionados, no son prioridad en la prelación de resolución. La magistrada reconoció que las demandas de este tipo han ido en aumento, reflejo de un problema “culturalmente arraigado”, pero que el sistema judicial parece incapaz de atender de manera eficiente.
Expertos y activistas critican que este tipo de rezago pone en riesgo derechos fundamentales de los menores y evidencia la falta de capacidad del Poder Judicial para dar respuestas oportunas y efectivas. La renovación de magistraturas podría convertirse en una oportunidad para replantear los procesos, mejorar tiempos de resolución y garantizar que las sentencias no sean solo un trámite, sino un mecanismo real de justicia.
Mientras tanto, las familias esperan que los cambios estructurales se traduzcan en resultados concretos y no en cifras maquilladas, y que los tribunales de Tamaulipas cumplan con su responsabilidad de proteger a quienes dependen de sus decisiones.