El contrabando de ganado en el sur de México no es un problema menor: más de 800 mil cabezas entran de manera irregular cada año, muchas de ellas infectadas con la plaga de gusano barrenador. La gravedad de la situación se agrava por la negligencia de las autoridades sanitarias, que permiten la entrada de animales contaminados debido a fallas en revisiones y controles.
El impacto económico es inmediato y contundente. Las exportaciones legales de ganado a Estados Unidos cayeron un 52% en el primer semestre de 2025, con pérdidas que alcanzan 11.4 millones de dólares diarios, según el Consejo Nacional Agropecuario. Mientras tanto, el mercado ilegal, valorado en 360 millones de pesos al año, sigue creciendo como un negocio paralelo, aprovechando la laxitud institucional.
La falta de vigilancia y control no solo afecta la economía; también representa un riesgo sanitario grave para el ganado nacional. El ingreso de animales infectados amenaza la sanidad del sector, compromete la producción y pone en riesgo la confianza de los compradores internacionales. La Guardia Nacional, el Ejército y la Marina han intentado frenar este tráfico, pero sin un sistema sanitario efectivo, los esfuerzos son insuficientes.
José Braña Mojica, diputado federal por Tamaulipas, ha advertido que esta crisis requiere acciones inmediatas: inspecciones estrictas, sanciones a quienes incumplan la normativa y medidas efectivas para garantizar la sanidad del ganado. El mensaje es claro: sin control y supervisión, la ganadería mexicana seguirá siendo víctima del contrabando y de la indiferencia institucional.
El contrabando de ganado no es solo un desafío económico, sino un problema político de primer orden. La caída histórica de las exportaciones legales y el crecimiento del mercado ilegal evidencian la incapacidad del Estado para proteger a un sector estratégico. La negligencia de las autoridades sanitarias, que deberían garantizar la sanidad y seguridad del ganado, se traduce en pérdidas millonarias, riesgos de plagas y debilitamiento del sector ante los ojos de la comunidad internacional.
Mientras no haya medidas contundentes, la ganadería nacional seguirá pagando el precio de la ineficiencia y la falta de compromiso del Estado. La pregunta que queda es inevitable: ¿cuántos millones más deberán perder los productores y cuántos riesgos sanitarios deberán asumir para que las autoridades actúen con responsabilidad? La respuesta definirá el futuro de uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.