Ciudad de México, 7 de septiembre de 2025. — En lo que autoridades federales califican como uno de los decomisos más grandes en la historia reciente, el Gobierno de México asestó un duro golpe al contrabando de hidrocarburos, delito que ha sangrado las finanzas públicas y alimentado estructuras criminales durante años.
El operativo tuvo como punto de partida la inspección de una embarcación en el puerto de Tampico el 19 de marzo pasado, donde se localizaron más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y un cargamento equivalente a 10 millones de litros de diésel. El aseguramiento encendió las alarmas: se trataba de un hallazgo que evidenciaba la operación de una red organizada de contrabando, con ramificaciones en empresas privadas, agencias aduanales y dependencias del propio Estado.
La investigación reveló que el grupo criminal utilizaba documentación apócrifa para legalizar el traslado del combustible. Con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se rastrearon operaciones irregulares: depósitos millonarios en efectivo, compra de inmuebles, autos de lujo y seguros de vida de alto valor, incongruentes con el perfil económico de los implicados.
Tras meses de indagatorias y trabajo de inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. El golpe derivó en la captura de tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios aduanales, entre ellos Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anathalia N., Ismael N., Anuar N., H. Manuel N. y Jos N.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, advirtió que las pérdidas económicas generadas por esta red ascienden a miles de millones de pesos. En paralelo, se ordenó el bloqueo financiero de 20 personas físicas y morales vinculadas directamente al contrabando.
“No habrá consideraciones ni tolerancia a actividades ilícitas que afecten el desarrollo nacional o los intereses del Estado mexicano”, sentenció García Harfuch al confirmar que el caso sigue bajo investigación.
El funcionario federal reconoció la participación de la Secretaría de Marina, dirigida por el almirante Raimundo Pedro Morales Ángelo, en la ejecución de la operación que calificó como “ejemplo de coordinación institucional”.
Con este golpe, el Gabinete de Seguridad busca enviar un mensaje contundente: el huachicol dejó de ser negocio intocable; hoy está bajo la mira del Estado, y quienes lo operan, sin importar rango o cargo, enfrentarán la ley.