Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, México se enfrenta al espejo más doloroso de su realidad: más de 131 mil personas desaparecidas en el país, una cifra que por sí sola coloca a la nación en el centro de una de las crisis de derechos humanos más graves del mundo contemporáneo.
En este escenario, Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional con más de 13,400 casos acumulados. Una tragedia que se concentra principalmente en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, municipios que por sí solos representan casi el 60 % de las desapariciones estatales. No se trata de estadísticas aisladas: detrás de cada registro hay una familia rota, una búsqueda interminable y una exigencia de justicia que rara vez encuentra respuesta.
El perfil de las víctimas enciende las alarmas. Casi una quinta parte son menores de edad y más del 78 % son hombres jóvenes en edad productiva. La desaparición, entonces, no solo arrebata individuos, sino que erosiona el tejido social y compromete el futuro de comunidades enteras.
El problema no es reciente ni exclusivo de un gobierno. Desde hace más de una década, Tamaulipas vive una espiral de violencia vinculada a la disputa criminal y a la fragilidad institucional. Sin embargo, lo que más lastima es la persistente impunidad. A pesar de los cambios de partido y de discursos de transformación, los resultados son prácticamente los mismos: las desapariciones continúan y la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar se mantiene limitada.
Durante el sexenio federal anterior se registraron más de 3,400 desapariciones en Tamaulipas. En menos de un año de la actual administración ya se han sumado más de 400. El ritmo no se ha detenido; por el contrario, se consolida una dolorosa constante: el Estado mexicano no ha logrado ofrecer una estrategia integral que coloque en el centro a las víctimas y garantice verdad y justicia.
Las familias, organizadas en colectivos, siguen siendo la voz y la fuerza que sostiene la memoria de los ausentes. Son ellas quienes buscan, documentan y exigen. Pero la obligación constitucional recae en las instituciones, no en los ciudadanos.
El mensaje es claro: mientras no se combata la impunidad y no se construyan mecanismos eficaces de prevención, investigación y sanción, Tamaulipas y México seguirán viviendo con una herida abierta que desangra a la sociedad y erosiona la legitimidad del Estado. La desaparición de personas no puede seguir siendo una estadística más; es, y seguirá siendo, la medida más dura del fracaso institucional.