Ciudad Victoria, Tam., 20 de agosto de 2025.– El Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, Francisco Antonio Noriega Orozco, confirmó que más del 90 por ciento de las cuentas públicas 2021 de la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca obtuvieron dictamen negativo, al detectarse graves incumplimientos a la Ley de Disciplina Financiera y prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos.
“Se ejercieron partidas sin autorización y se hicieron incrementos indebidos durante el ejercicio. Ese es el gran parteaguas: la responsabilidad en el gasto público inicia en el respeto estricto a lo que aprueba el Congreso, y no se cumplió”, subrayó.
Los hallazgos serán dictaminados en la Comisión Permanente del Congreso la próxima semana, y representan uno de los capítulos más oscuros en materia de rendición de cuentas de los últimos años.
Respecto a los municipios, Noriega Orozco admitió que varios alcaldes siguen sin atender observaciones pendientes, a pesar de la insistencia de la Auditoría. Recordó que el proceso de fiscalización puede tardar hasta tres años, pero dejó claro que ya no hay pretextos para eludir responsabilidades:
“Sobre aviso no hay engaños. La Auditoría no busca intimidar, pero sí advertimos que el control interno es clave, y quien no lo atienda estará en serios problemas”, advirtió.
El Auditor informó que este año se celebrarán 62 audiencias con alcaldes y servidores municipales por irregularidades que van desde faltantes de información hasta posibles quebrantos financieros. Tan solo en multas por incumplimiento en la entrega de informes mensuales y trimestrales, ya se acumulan cerca de 2 millones de pesos.
Además, aclaró que las sanciones deberán ser cubiertas directamente por los funcionarios responsables, y no con recursos de los ayuntamientos, pues eso implicaría otra falta aún más grave.
En esta segunda jornada de capacitación participan 18 municipios de la zona centro, pero en septiembre se convocará también a alcaldes de Reynosa y Tampico, con el objetivo de cerrar la pinza y obligar a las administraciones a mejorar sus prácticas de rendición de cuentas.
Con ello, la ASE pretende cortar de raíz la simulación y la opacidad que caracterizó a la gestión cabecista y que todavía arrastran algunos gobiernos municipales.