Cd. Victoria, Tam., 15 de agosto.- El presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán de la Garza Tamez, confirmó que se abrió una investigación contra los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, señalados por retirar la prisión preventiva a imputados por el delito de extorsión.
La medida, reconoció, ha generado alarma entre las víctimas y preocupación social, al dejar en libertad a presuntos responsables de un delito de alto impacto.
El Consejo de la Judicatura sesionó y acordó turnar el caso a la Visitaduría del Poder Judicial del Estado, atendiendo un exhorto enviado por el Congreso local, que pidió indagar la actuación de ambos jueces adscritos a Reynosa.
“Se ordenó solicitar los informes respectivos a los jueces y se iniciará una investigación exhaustiva y rigurosa para determinar si existe alguna responsabilidad”, señaló De la Garza Tamez.
Sin embargo, el magistrado advirtió que la investigación no debe limitarse al Poder Judicial, sino también al desempeño del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues —explicó— en uno de los casos el juez Rocha había dictado prisión preventiva oficiosa y justificada al considerar a los imputados de alto riesgo.
Posteriormente, jueces federales de distrito otorgaron un amparo, dejando sin efecto la prisión preventiva oficiosa por considerarla “inconvencional”. Con ese criterio, la defensa de los acusados solicitó el cambio de medidas cautelares, presentando un dictamen de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones que los catalogó como de bajo riesgo.
Ese dictamen no fue objetado por el Ministerio Público, ni se interpuso recurso de apelación, lo que obligó al juez a modificar la medida y retirar la prisión preventiva.
“Llama la atención la conformidad del Ministerio Público y que no se haya interpuesto recurso alguno. Por eso insisto en que la investigación debe ampliarse a todas las partes involucradas”, sostuvo De la Garza Tamez.
Con esta determinación, los acusados de extorsión quedaron libres, lo que desató cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades responsables de garantizar que los delitos de alto impacto no queden impunes.