Alamo Veracruz /25 de julio de 2025 — La violencia que genera la extorsión por parte del crimen organizado cobró una nueva víctima: Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en el municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. Su historia representa a miles de mexicanos que padecen en silencio un sistema criminal que impone pagos ilegales —conocidos como “cuota” o “piso”— para poder trabajar.
Irma desapareció el pasado 18 de julio, y poco después, su destino fue sellado cruelmente a través de un video difundido en redes sociales. En él, fue obligada a identificarse como operadora del taxi número 554 y a lanzar un mensaje dirigido a otros taxistas:
“Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser… o van a terminar como yo.”
Su asesinato no es un caso aislado. Representa el extremo de una realidad generalizada: el cobro de piso a trabajadores del transporte público, comerciantes, empresarios y profesionistas en todo México. Una violencia muchas veces invisibilizada por el miedo a denunciar y la desconfianza hacia las autoridades.
Una estrategia federal que aún no toca fondo
El crimen organizado parece desafiar abiertamente a las autoridades. Esta mañana, durante la conferencia presidencial, se cuestionó directamente a la presidenta de la República sobre el caso de Irma. Su respuesta fue enfática en condenar la impunidad y reforzar la estrategia federal contra la extorsión.
“Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día… particularmente en el tema de las extorsiones”, afirmó la mandataria, destacando que ya se han impulsado cambios legales para que la persecución de este delito sea de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
Sin embargo, testimonios recientes dan cuenta de que la práctica persiste, se extiende y se perfecciona. Desde 2021, se han denunciado intentos del crimen organizado de imponer la compra obligatoria de sistemas GPS a taxistas de Tampico Tamaulipas, supuestamente “por seguridad”, pero en realidad, como mecanismo de control y vigilancia criminal.
Un operador narró cómo, al negarse a pagar, les advertían:
“¿Qué pasa si no lo compras? Nos quitan el carro. ¿Y si te rebelas? Nos levantan.”
«Nosotros pagamos para trabajar»
En testimonios recabados en, otros taxistas han confirmado que quienes no acceden a las exigencias del crimen son golpeados o desaparecidos. Las calcomanías de “unidad segura” que algunos portan en sus vehículos, lejos de protegerlos, se han vuelto símbolo de burla e impotencia.
“Nosotros como ciudadanos… pagamos para trabajar, pagamos la renta del carro. Y no para pagar piso. Pero por eso estamos como estamos, porque nos quedamos callados”, declaró un taxista, haciendo eco del hartazgo colectivo.
¿Y ahora qué?
El caso de Irma se convierte en un grito silenciado que resuena en cada rincón del país donde la extorsión es la norma y no la excepción. La estrategia federal aún enfrenta grandes retos: la cifra negra, la falta de coordinación estatal y municipal, y la necesidad urgente de protección efectiva para víctimas y denunciantes.
Mientras tanto, taxistas y ciudadanos exigen justicia y garantías reales para poder trabajar sin miedo. Irma Hernández no solo fue una víctima, fue una mujer valiente que pagó con su vida el costo de resistirse. Su historia no debe olvidarse.