En una preocupante maniobra legislativa, el Congreso de Tamaulipas se prepara para aprobar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que concentrarán funciones clave —transparencia, fiscalización y control interno— en una sola dependencia: la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta reforma, promovida bajo el argumento de “armonizar” la legislación local con el modelo federal, implica la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), un órgano autónomo que garantizaba el derecho ciudadano a saber. Sus atribuciones pasarán ahora a una Secretaría que dependerá directamente del Ejecutivo estatal, eliminando así un importante contrapeso institucional.
La propuesta fue anunciada por Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, quien informó que la extinta dependencia será transformada en esta nueva “súper secretaría”, que absorberá funciones esenciales para la vigilancia del poder público.
¿Qué está en juego?
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Se elimina un órgano autónomo y se transfiere su función a una oficina subordinada al mismo gobierno que debe ser fiscalizado.
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Se rompe con el principio de imparcialidad y acceso libre a la información pública.
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Si el ciudadano no está conforme con la respuesta a su solicitud de información, la única alternativa será acudir a un amparo judicial, lo cual representa una barrera para miles de personas.
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Se centraliza el poder y se reduce la rendición de cuentas.
El modelo propuesto promete «eficiencia», pero silencia el derecho a la transparencia independiente, y subordina la vigilancia ciudadana a estructuras gubernamentales. La llamada Unidad de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas no garantiza autonomía, ni acceso efectivo a la información.
Este cambio no es un paso adelante: es un retroceso democrático que pone en riesgo el acceso a la verdad, el escrutinio público y el combate real a la corrupción.
Prieto Herrera aseguró que con este nuevo esquema se acortarán los tiempos de respuesta y se fortalecerá la eficiencia gubernamental en materia de transparencia.
“Una vez aprobada la reforma, será publicada en el Periódico Oficial del Estado y comenzarán los movimientos necesarios para transformar la Contraloría en Secretaría”, puntualizó.