Organizaciones empresariales manifestaron su rechazo a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para regularizar casas ocupadas de forma irregular mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.
El posicionamiento fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco Cdmx), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
En su comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que esta propuesta vulnera el derecho de propiedad y se pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
En Tamaulipas la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO) informó que analizará la propuesta del INFONAVIT de regularizar viviendas abandonadas actualmente ocupadas y pidió que este esquema de renta o compra no incentive nuevas ocupaciones ilegales.
Esto luego de lo anunciado por Octavio Romero Oropeza, director General del Instituto, el pasado 16 de junio en la mañanera desde Palacio Nacional sobre regularizar las viviendas que fueron abandonadas y actualmente están ocupadas.
El organismo empresarial reafirmó su compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio institucional del INFONAVIT, así como con los derechos de los trabajadores derechohabientes que con su esfuerzo diario sostienen el sistema de vivienda social en México.
Así mismo, reconoció la complejidad del problema heredado de viviendas abandonadas, muchas de ellas construidas bajo condiciones urbanas adversas del 2000 al 2012, por lo que coincidió que es indispensable una solución integral que combine legalidad, viabilidad financiera y justicia social.
De esta manera, la FECANACO solicitó que el esquema de opción de renta o compra se aplique bajo reglas claras, padrones públicos, criterios objetivos y mecanismos de regularización que no incentiven nuevas ocupaciones ilegales.
Refirió que se espera que quienes tengan acceso a este esquema de renta o compra sean solamente derechohabientes, por lo que respalda el censo que puso en marcha el INFONAVIT con la Secretaría del Bienestar para una toma de decisiones con evidencia.