Las fracciones políticas de Morena, PT y Verde Ecologista del Congreso del Estado en la sesión del pasado jueves promovió dos puntos de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a que remueva a la Magistrada del Primer Tribunal Colegiado Piedad del Carmen Hernández Ávila, quien presenta un conflicto de interés al realizar actuaciones para favorecer en el juicio de amparo 417 – 2024 al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como para que el Juez Séptimo de Distrito resuelva con imparcialidad este asunto.
La Magistrada en cuestión es esposa de Faustino Gutiérrez Pérez, quien fue removido del cargo de Juez Séptimo de Distrito con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, y es investigado por su actuación parcial a favor del ex mandatario panista hoy refugiado en la ciudad de Mission Texas.
Fueron los diputados Magaly Deándar Robinson y Armando Zertuche Zuani del grupo parlamentario de Morena los que presentaron ante la máxima tribuna los puntos de acuerdos para exigir que se frene la cadena de corrupción en el Poder Judicial Federal que ha aprovechado Cabeza de Vaca para obtener una serie de juicios de amparo y resoluciones a su favor para evadir que la accion de la justicia.
«Faustino Gutiérrez Pérez, quien recientemente abrió una agencia distribuidora de autos nuevos, se presentó como abogado del exgobernador y su esposa, Piedad del Cármen Hernández Ávila, asumió la Magistratura dentro del Primer Tribunal Colegiado, participando de otras actuaciones para impedir la acción de la justicia contra Francisco Javier “N”, en flagrante conflicto de interés y otras violaciones jurídicas», denunciaron.
El Congreso exhortó al Juez Fidel Gallegos Figueroa, actual titular del Juzgado Séptimo de Distrito, donde está radicado el juicio de amparo en cuestión, a resolver el caso en estricto apego a los principios de imparcialidad y legalidad, evitando las presiones o complicidades para con el exgobernador y sus abogados, en el compromiso de supervisar su actuación a través del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Monterrey Nuevo León.
Los proyectos de Decreto, fueron aprobados por mayoría de votos, con la finalidad de asegurar una resolución justa y objetiva en los casos relacionados con el exgobernador, y fortalecer la lucha contra la impunidad en el ámbito judicial.