La nueva Mexicana de Aviación será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también tendría dificultades para competir en el mercado si se aprueba el cabotaje para permitir que aerolíneas extranjeras operen en el mercado doméstico.
Según el propio plan de la Sedena, esta empresa iniciaría vuelos con sólo diez aeronaves, por lo que no sólo tendría que enfrentar la competencia de las empresas locales, que en promedio tienen entre 80 y 100 aviones, sino de las internacionales que superan por mucho el total de la flota mexicana.
Se daría un efecto de búmerang, ya que esa empresa no tendría ni remotamente la capacidad de competirle a empresas extranjeras. Al entrar al mercado se van a pelear hasta destrozarse y la capacidad de la empresa estatal, a menos que sea una máquina de perder dinero, en términos estrictamente de competencia no va a poder, advirtió Rogelio Rodríguez Garduño especialista en Derecho Aeronáutico y catedrático de la UNAM.
Explicó que a menos de que el gobierno subsidie a la empresa estatal para que pueda dar tarifas bajas tendría la posibilidad de meterse a la batalla, pero eso sería anticompetitivo.
La empresas concesionarias del aeropuerto van a preferir asignar slots (horarios de aterrizaje y despegue) con prioridad a su propia empresa o proporcionar ventajas frente a los competidores. En dado caso, cuando el AIFA tuviera un conflicto por saturación, la preferencia se la daría a su línea aérea.
Al respecto, Pablo Casa Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), señaló que no se justifica el discurso del ejecutivo de crear una aerolínea y abrir los cielos a empresas extranjeras para reducir las tarifas pues, tanto la Ley de Aviación Civil como su reglamento, facultan a las Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica para regular la tarifas.
La SICT puede establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y períodos de vigencia. En el caso de la entrada en vigor de una aerolínea estatal al mercado aéreo nacional que no permita, por subsidios oficiales una competencia efectiva, la SICT y la Cofece pueden fijar las bases de regulación tarifaria para proteger a los concesionarios y permisionarios.
Agregó que, si la voluntad del Ejecutivo federal es que los mexicanos accedan a tarifas aéreas económicas, tiene a su disposición los mecanismos legales suficientes para hacerlo conforme al derecho y la razón, no por la imposición.
No es necesario, para ello, la creación de una línea aérea estatal y mucho menos permitir el cabotaje en territorio nacional.